El fracaso del Estado peruano en prevenir el crimen: ¿ineficiencia o abandono deliberado?

El incremento del crimen en el Perú no puede explicarse solo por limitaciones operativas: responde a un Estado que ha fallado estructuralmente en prevenirlo. Este artículo analiza si la incapacidad gubernamental es simple ineficiencia o una forma de abandono institucional que permite la expansión del crimen organizado y la violencia cotidiana.

El Perú atraviesa una crisis profunda de seguridad ciudadana. Las noticias diarias hacen visible la expansión de la delincuencia común, el avance del crimen organizado, el control territorial de mafias, la explotación de menores, la trata de personas, los sicariatos y la violencia extorsiva. Sin embargo, estas manifestaciones visibles son solo la superficie de un problema más estructural: el Estado peruano ha fracasado en prevenir el crimen.

Este fracaso no es coyuntural ni accidental. Se ha mantenido por décadas y atraviesa gobiernos, partidos, reformas policiales, fiscales y judiciales. Las cifras de victimización crecen, la confianza ciudadana se desploma y la percepción generalizada es clara: el crimen prospera porque el Estado no interviene con eficacia.

Pero aquí surge la pregunta crucial que guía este artículo:
¿El fracaso del Estado peruano en prevenir el delito es simplemente ineficiencia… o constituye una forma de abandono deliberado que facilita la reproducción del crimen?

Este artículo examina el problema desde la criminología, la psicología institucional y los estudios sobre políticas públicas, con el objetivo de entender la dinámica criminógena del Estado peruano. Se trata de un análisis técnico y crítico orientado a profesionales que buscan comprender los mecanismos profundos que sostienen la inseguridad estructural del país.


1. La prevención del crimen en teoría: ¿qué debería hacer un Estado funcional?

Antes de analizar el caso peruano, es necesario recordar qué implica la prevención del delito en un sistema de justicia moderno. La prevención del crimen no se limita a patrullaje o captura: es una política integral que involucra:

  • análisis de patrones delictivos,
  • intervención temprana en grupos de riesgo,
  • programas de apoyo familiar y escolar,
  • políticas urbanas de control ambiental,
  • capacidad policial estratégica,
  • inteligencia criminal,
  • justicia rápida y eficaz,
  • acciones sostenidas contra redes delincuenciales.

Un Estado sano desarrolla políticas de prevención primaria, secundaria y terciaria; identifica factores criminógenos; invierte en educación emocional y oportunidades; combate la impunidad; y construye instituciones sólidas.

Nada de esto ocurre de manera consistente en el Perú.
El resultado no es azar: es consecuencia directa de un sistema institucional debilitado.


2. Ineficiencia estatal: una explicación parcial del problema

Es cierto que el Estado peruano presenta graves problemas operativos:

2.1. Falta de planificación en seguridad

Las políticas públicas suelen ser reactivas, cortoplacistas, dependientes del gobierno de turno y sin continuidad.

2.2. Subfinanciamiento de instituciones clave

Fiscalías, policías, CEM, juzgados y gobiernos locales trabajan con presupuestos insuficientes y equipamiento obsoleto.

2.3. Saturación de operadores del sistema

Un fiscal puede atender entre 300 y 1000 casos simultáneamente.
Un policía puede cubrir zonas extensas con recursos mínimos.

2.4. Falta de coordinación interinstitucional

PNP, Ministerio Público, gobiernos regionales y Poder Judicial operan como islas.
La prevención del crimen exige articulación, no fragmentación.

2.5. Corrupción interna en organismos de seguridad

Ascensos irregulares, tráfico de influencias y redes de protección debilitan la estructura.

Todo esto explica parte del fracaso preventivo, pero hay un elemento más profundo:
la estructura misma del Estado peruano funciona como un entorno criminógeno.


3. Abandono deliberado: cuando el Estado no quiere —o no puede— prevenir el delito

Aquí ingresamos a una dimensión más polémica pero necesaria:
hay momentos y sectores en los que el Estado elige no intervenir, porque hacerlo afectaría intereses políticos, económicos o criminales incrustados en su funcionamiento.

No hablamos de conspiración, sino de patrones estructurales de omisión activa, muy estudiados en criminología crítica.

3.1. Zonas donde el crimen es funcional al control político

En algunas regiones:

  • mineros ilegales financian campañas,
  • mafias controlan alcaldías,
  • narcotráfico financia redes de poder,
  • trata de personas sostiene sectores económicos informales.

Intervenir significaría desestabilizar a quienes sostienen políticamente a autoridades locales o nacionales.

3.2. Intereses económicos que operan mejor sin regulación

En minería informal, transporte informal, tala ilegal, contrabando y comercio ambulatorio existe una preferencia por “no ver”.
La ausencia estatal genera economías masivas que sostienen empleo y votos.

3.3. El ingreso del crimen organizado a municipalidades, fiscalías y gobiernos regionales

Documentado ampliamente en el Perú.
Cuando mafias financian campañas, esperan retribuciones posteriores:

  • contratos,
  • impunidad,
  • favores administrativos,
  • territorios liberados.

La prevención del delito queda fuera de agenda porque el crimen ya es socio del gobierno local o regional.

3.4. La lógica política del caos

La inseguridad también puede ser funcional para liderazgos autoritarios o discursos extremistas.
Un país en miedo es un país manipulable.

Esto no significa que todos los líderes busquen el colapso, pero el sistema permite —y a veces incentiva— que la inseguridad persista para mantener oportunidades discursivas o económicas.


4. El Estado peruano como actor criminógeno: análisis psicológico institucional

La criminología institucional nos permite entender al Estado como un organismo con características propias.
En el Perú, ese organismo presenta tres rasgos criminógenos:

4.1. Desorganización estructural

Un Estado fragmentado no puede prevenir delitos.
La burocracia disfuncional genera vacíos de control donde el crimen prospera.

4.2. Tolerancia cultural al abuso

La sociedad peruana convive desde hace décadas con:

  • corrupción,
  • informalidad,
  • violencia,
  • desigualdad extrema.

La tolerancia cultural genera indiferencia estatal y social ante prácticas ilícitas.

4.3. Impunidad como refuerzo conductual

El principio básico del condicionamiento operante se aplica aquí:

  • Si no castigas, el comportamiento aumenta.
  • La impunidad es el refuerzo positivo más poderoso del crimen.

La impunidad peruana supera el 90% en delitos comunes y el 95% en delitos contra mujeres y menores.

En esas condiciones, el delito no solo prospera: se vuelve una conducta racional.


5. La geografía criminógena del Perú: dónde nace el delito y por qué

5.1. Barrios excluidos sin presencia estatal

Zonas sin seguridad, educación, servicios básicos, espacios públicos o oportunidades.
El crimen organizado cubre ese vacío.

5.2. Fronteras abandonadas

Regiones donde:

  • narcotráfico,
  • contrabando,
  • trata,
  • minería ilegal,

operan a gran escala sin resistencia seria del Estado.

5.3. Territorios capturados por mafias

Callao, Trujillo, Puno, Madre de Dios, y partes de Lima presentan estructuras criminales consolidadas.

5.4. Cárceles dominadas por organizaciones

Los penales son centros de comando criminal.
Un Estado que no controla sus prisiones está derrotado en prevención.


6. Psicología del crimen organizado en el Perú: por qué prospera

El crimen organizado en el Perú tiene características de “empresa psicológica”:

  • reclutamiento eficaz,
  • sentido de pertenencia,
  • códigos morales internos,
  • beneficios inmediatos,
  • modelos de éxito criminal,
  • estructuras jerárquicas claras.

El Estado, por contraste, ofrece:

  • procesos lentos,
  • burocracia,
  • mala paga,
  • desprestigio,
  • ausencia de meritocracia.

No es difícil entender por qué muchos jóvenes encuentran más sentido en el crimen que en el Estado.


7. La prevención del delito como ficción política

Los discursos oficiales prometen “lucha frontal contra la delincuencia”, pero en la práctica:

  • No existen diagnósticos criminológicos reales.
  • No se evalúan políticas preventivas.
  • Las universidades no dialogan con el Estado.
  • Las policías carecen de mapas del delito actualizados.
  • Los gobiernos locales improvisan sin método.
  • La criminología peruana está subdesarrollada institucionalmente.

El Estado no previene porque nunca ha tomado en serio la prevención.


8. ¿Ineficiencia o abandono deliberado? Respuesta final desde la criminología

El análisis muestra que el fracaso del Estado peruano no es solo incompetencia.
Es una mezcla de:

  • incapacidad técnica,
  • ausencia de política criminológica,
  • corrupción interna,
  • redes criminales infiltradas,
  • intereses económicos irregulares,
  • cultura institucional de omisión,
  • beneficios políticos del caos.

Es decir:
El Estado peruano no solo falla en prevenir el crimen; en muchos ámbitos, el crimen prospera porque la prevención nunca ha sido una prioridad real.

En criminología, esto se denomina abandono estructural.

No hay un plan nacional sostenido porque un Estado capturado, fragmentado, improvisado y corruptible no está diseñado para prevenir.
Está diseñado para sobrevivir políticamente, incluso si eso implica coexistir —y en ocasiones cooperar— con la criminalidad.


Conclusión

La inseguridad en el Perú no es producto del azar ni de la simple incapacidad técnica. Es el resultado de un Estado que ha fallado sistemáticamente en su función más básica: garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

El análisis criminológico revela que este fracaso tiene raíces profundas en la desorganización institucional, la impunidad histórica, la infiltración criminal, la ausencia de políticas preventivas y la tolerancia cultural hacia la ilegalidad. Por eso, la pregunta final no es si el Estado es ineficiente o deliberadamente ausente: es ambas cosas.

Mientras el Perú no construya un Estado capaz de prevenir el delito de manera científica, sostenida y estructural, la criminalidad seguirá expandiéndose. Prevenir el crimen no es un acto policial: es una responsabilidad política y ética que el país aún no asume.


Bibliografía

  • Sherman, L. (1998). Evidence-Based Crime Prevention.
  • Clarke, R. (1995). Situational Crime Prevention.
  • Zimbardo, P. (2007). The Lucifer Effect.
  • Felson, M. (2006). Crime and Everyday Life.
  • BID y Banco Mundial: Informes sobre criminalidad en América Latina.
  • INEI y Ministerio del Interior: Estadísticas de victimización.
  • Defensoría del Pueblo del Perú: Informes sobre seguridad y gestión estatal.
  • ONUDD: Reportes sobre crimen organizado y narcotráfico en el Perú.

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